Borboroglu y Reyes documentaron la matanza, haciendo vídeos y fotos de los polluelos muertos y otras pruebas. En las semanas siguientes, calcularon la población aproximada y la densidad de nidificación de la zona dañada y presentaron un informe detallado al gobierno. Dado que los delitos contra la fauna salvaje en Argentina han sido históricamente ignorados, los biólogos pensaron que las probabilidades de que el caso llegara a los tribunales eran escasas.
Pero la noticia de la masacre de Punta Tombo se difundió ampliamente y, el pasado noviembre, Borboroglu fue uno de los peritos llamados a declarar contra La Regina. En su defensa, el ganadero alegó que la zona protegida le impedía pastorear el ganado. Estaba frustrado, dijo, porque el gobierno había ignorado durante una década su petición de crear una carretera y aclarar los límites entre sus tierras y la reserva. Borboroglu presentó sus fotos y describió cómo había visto huellas donde la retroexcavadora había pasado por encima del techo de una madriguera, derrumbándola.
El tribunal declaró a La Regina culpable de daños al medio ambiente, crueldad con los animales y alevosía.
Fue condenado a tres años de prisión en suspenso, lo que significa que La Regina probablemente no cumplirá condena a menos que viole su libertad condicional. Pero también se enfrenta a multas de hasta medio millón de dólares y a mayores restricciones en la gestión de sus tierras, manteniendo a sus vacas alejadas de los pingüinos y sus madrigueras.
“Ha sido un logro histórico, el primer caso medioambiental de Argentina que llega a juicio oral y una victoria sin precedentes para los pingüinos y la conservación”, celebra Borboroglu, que desde entonces ha sido nombrado uno de los 2025 Rolex National Geographic Explorers of the Year. El caso, afirma, “sienta un precedente crucial para la justicia medioambiental y refuerza la protección de la vida salvaje y sus hábitats en Argentina.”
Como resultado del juicio, el gobierno argentino ha tomado medidas para ampliar ocho veces la zona protegida en torno a Punta Tombo, de unas 200 hectáreas a unas 1600 y ha solicitado un nuevo plan de gestión para preservar los pingüinos y otras aves marinas, plantas y leones marinos en peligro a lo largo de la costa. El gobierno también está estudiando una propuesta para incluir los delitos medioambientales en el Código Penal nacional, y en la Patagonia se ha creado una fiscalía medioambiental especializada en delitos contra la fauna salvaje.
“Este caso, que sienta precedente, se está convirtiendo en una fuerza de cambio”, señala José Ma Musmeci, presidente de la Fundación Patagonia Natural, una de las varias organizaciones conservacionistas sin ánimo de lucro que se han unido a la causa contra La Regina.
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